Luis Javier Sanchez, 30 Julio, 2017
Desde el próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre del 2019 Francia ha establecido una medida para impulsar la mediación a nivel familiar. Sin haber intentado la mediación no se admitirá dicha demanda.
La estructura judicial dificulta la mediación
Pascual Ortuño es magistrado de la A.P. de Barcelona y vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados Pro Mediación (GEMME), su valoración de este paso dado en Francia para que la mediación arraigue es claro “la experiencia de la mediación obligatoria en causas de familia del tribunal de Every (Francia) no es novedosa por cuanto se inscribe en la misma línea que un nº significativo, casi de un 15 % por los tribunales franceses, está siguiendo desde hace años para intentar vencer la inercia que rechaza la mediación como método más indicado para la resolución de este tipo de procesos”.
Al mismo tiempo señala que “tampoco es nueva en España. Los Juzgados de Iª Instancia de Barcelona ya acordaron una medida similar hace 3 años, y las 2 secciones de Familia de la propia A.P. de Barcelona tienen implantado un plan piloto de derivación a la mediación en casos en los que existen conflictos en relación con los hijos”.
“La diferencia que existe es que en Francia, como en Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal o Gran Bretaña, este tipo de prácticas se han establecido desde hace años por impulso de los tribunales, mientras que en España la obsoleta estructura judicial lo dificulta”, señala Ortuño.
Sería necesario introducir una reforma legal que permitiera a los jueces suspender los procesos para enviar a mediación.
Ortuño crítico indica que “somos el único Estado de la Unión Europea que no tiene tribunales ni jueces especializados en familia. Los que se denominan así son juzgados ubicados en grandes ciudades a los que se reparten este tipo de asuntos, pero sin que exista una especialización de jueces, fiscales ni abogados en esta materia. Por otra parte, en más del 70 % del territorio estos procesos están encomendados a juzgados ordinarios mixtos, que llevan tanto penal como civil, y dentro de ésta ramo todo el derecho privado, a excepción del mercantil, que es la única especialización reconocida e implantada a nivel nacional”.
Al mismo tiempo indica la escasa relevancia de la mediación en nuestro país “Desde el CGPJ se está intentando potenciar la mediación con mucho entusiasmo, pero con escasa eficacia práctica porque los juzgados están tan saturados de trabajo que, aun cuando muchos jueces y juezas estarían dispuestos a potenciar la mediación de la misma forma que lo ha hecho el tribunal de Every, no se tiene tiempo material para dedicarse a derivar a mediación”.
A su juicio “Hay que tener en cuenta que las experiencias de mediación obligatoria impuesta por ley, tal como se ha hecho en Italia y Argentina, tiene un efecto perverso, que es el de convertir el mecanismo en un trámite burocrático. Muchos compañeros nos dan cuenta de que este camino sirve a la larga para desprestigiar la mediación, más que para fomentarla”.
Ortuño cree que hace falta una reforma legal para implantar la mediación “además de las necesarias reformas legales en la estructura judicial, con la creación de la especialidad de familia, la creación de los tribunales colegiados de Iª instancia (como el de Every) y de nuevas plazas judiciales, sería necesario introducir una reforma legal que permitiera a los jueces suspender los procesos para enviar a mediación, mas no en todos los casos, sino cuando concurran los indicadores que la aconsejan”.
Y al mismo tiempo considera que “esa facultad debe ir acompañada de la de imponer las costas a la parte que de forma no razonable se niegue a presente una actitud de no colaboración. Esta es la conclusión que hemos extraído de la experiencia piloto de 2 años en la Audiencia de Barcelona, pero el desánimo es grande en los jueces que colaboramos en este empeño, pues las prometidas reformas no llegan”.
Pascual Ortuño es magistrado de la A.P. de Barcelona y vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados Pro Mediación (GEMME), su valoración de este paso dado en Francia para que la mediación arraigue es claro “la experiencia de la mediación obligatoria en causas de familia del tribunal de Every (Francia) no es novedosa por cuanto se inscribe en la misma línea que un nº significativo, casi de un 15 % por los tribunales franceses, está siguiendo desde hace años para intentar vencer la inercia que rechaza la mediación como método más indicado para la resolución de este tipo de procesos”.
Al mismo tiempo señala que “tampoco es nueva en España. Los Juzgados de Iª Instancia de Barcelona ya acordaron una medida similar hace 3 años, y las 2 secciones de Familia de la propia A.P. de Barcelona tienen implantado un plan piloto de derivación a la mediación en casos en los que existen conflictos en relación con los hijos”.
“La diferencia que existe es que en Francia, como en Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal o Gran Bretaña, este tipo de prácticas se han establecido desde hace años por impulso de los tribunales, mientras que en España la obsoleta estructura judicial lo dificulta”, señala Ortuño.
Sería necesario introducir una reforma legal que permitiera a los jueces suspender los procesos para enviar a mediación.
Ortuño crítico indica que “somos el único Estado de la Unión Europea que no tiene tribunales ni jueces especializados en familia. Los que se denominan así son juzgados ubicados en grandes ciudades a los que se reparten este tipo de asuntos, pero sin que exista una especialización de jueces, fiscales ni abogados en esta materia. Por otra parte, en más del 70 % del territorio estos procesos están encomendados a juzgados ordinarios mixtos, que llevan tanto penal como civil, y dentro de ésta ramo todo el derecho privado, a excepción del mercantil, que es la única especialización reconocida e implantada a nivel nacional”.
Al mismo tiempo indica la escasa relevancia de la mediación en nuestro país “Desde el CGPJ se está intentando potenciar la mediación con mucho entusiasmo, pero con escasa eficacia práctica porque los juzgados están tan saturados de trabajo que, aun cuando muchos jueces y juezas estarían dispuestos a potenciar la mediación de la misma forma que lo ha hecho el tribunal de Every, no se tiene tiempo material para dedicarse a derivar a mediación”.
A su juicio “Hay que tener en cuenta que las experiencias de mediación obligatoria impuesta por ley, tal como se ha hecho en Italia y Argentina, tiene un efecto perverso, que es el de convertir el mecanismo en un trámite burocrático. Muchos compañeros nos dan cuenta de que este camino sirve a la larga para desprestigiar la mediación, más que para fomentarla”.
Ortuño cree que hace falta una reforma legal para implantar la mediación “además de las necesarias reformas legales en la estructura judicial, con la creación de la especialidad de familia, la creación de los tribunales colegiados de Iª instancia (como el de Every) y de nuevas plazas judiciales, sería necesario introducir una reforma legal que permitiera a los jueces suspender los procesos para enviar a mediación, mas no en todos los casos, sino cuando concurran los indicadores que la aconsejan”.
Y al mismo tiempo considera que “esa facultad debe ir acompañada de la de imponer las costas a la parte que de forma no razonable se niegue a presente una actitud de no colaboración. Esta es la conclusión que hemos extraído de la experiencia piloto de 2 años en la Audiencia de Barcelona, pero el desánimo es grande en los jueces que colaboramos en este empeño, pues las prometidas reformas no llegan”.
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