El «divorcio sin jueces», capítulo estrella del proyecto «Justicia para el siglo XXI» de François Hollande,
encuentra una oposición muy viva en el Colegio nacional de los abogados
de Francia (CNAF), en el Sindicato de la Magistratura (SdM), en la
Unión Sindical de Magistrados (USM) y en la Unión nacional de
asociaciones familiares (UNAF), que contemplan con inquietud compartida
unos proyectos judiciales que consideran «amenazantes».
El «divorcio sin jueces» es un proyecto recurrente en Francia desde hace 20 años. Elisabeth Gigou, ministra de justicia (socialista), ya lo proyectó y abandonó en 1997. Nicolas Sarkozy relanzó un proyecto semejante el 2007, provocando un movimiento de protesta entre abogados y magistrados.
François Hollande retomó el 2014 un proyecto semejante. Durante año y medio largo, el proyecto de Justicia para el siglo XXI ha sido revisado, matizado y enmendado en varias ocasiones. Y será debatido en la Asamblea Nacional (AN) a partir del próximo día 17, donde podrá ser matizado o enmendado, antes de pasar en 2ª lectura al Senado, en 2ª lectura, igualmente «matizable».
El Colegio nacional de los abogados de Francia (CNAF) se ha apresurado a tomar posición contra casi todas las «iniciativas» del Proyecto de Ley para una Justicia del siglo XXI, cuyo objetivo es «simplificar» la justicia. A juicio del CNAF, la supresión de los abogados en los procedimiento de divorcio por consentimiento mutuo pudiera ser una amenaza para los hijos de posibles parejas en instancia de divorcio.
Dramáticas consecuencias
El Sindicato de la Magistratura (SdM) y la Unión Sindical de Magistrados (USM) consideran igualmente «amenazante» un «divorcio sin jueces», ante notario, sin procedimiento jurídico. En el caso de los matrimonios con hijos, el proyecto podrían tener dimensiones dramáticas. En los casos de parejas sin hijos, con recursos modestos, la mera declaración de intenciones, ante notario, podría crear un antecedente igualmente grave para el funcionamiento mismo de la justicia.
El proyecto «Justicia para el siglo XXI» llegará a la Asamblea Nacional (AN) el próximo día 17, tras año y medio de va y viene político, procesal y jurídico, entre el gobierno y varias comisiones parlamentarias. El proyecto de divorcio sin jueces, ante notario, con una mera «declaración» fue «relanzado» hace semanas con una enmienda al proyecto original.
El nuevo proyecto estudia la posibilidad de un «divorcio amistoso», negociado por los esposos, asistidos por sus respectivos abogados, haciendo una «mera declaración ante notario». Tal proceso propone suprimir los procedimientos jurídicos actuales, culminando con una indispensable sentencia judicial. La posibilidad de un «divorcio rápido», a través de internet, permite «acelerar» y recortar el precio de los procedimiento, sin suprimir la sentencia judicial.
Formalidad jurídica
Tras las críticas de fondo de las asociaciones de abogados y magistrados, de izquierda y derecha, la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF) ha decidido intervenir ante la opinión pública, estimando que se trata de una cuestión «esencial».
Recordando que ya se opuso con éxito a los proyectos anteriores, socialistas y conservadores, la UNAF insiste en los puntos que considera capitales: «Un “divorcio” de esa naturaleza corre el riesgo de ser muy lesivo para la parte más débil. Los hijos no pueden estar “al margen” de un conflicto familiar de fondo. La supresión de los procedimientos judiciales cambiaría la naturaleza jurídica del matrimonio, transformándolo en una mera formalidad administrativa».
El «divorcio sin jueces» es un proyecto recurrente en Francia desde hace 20 años. Elisabeth Gigou, ministra de justicia (socialista), ya lo proyectó y abandonó en 1997. Nicolas Sarkozy relanzó un proyecto semejante el 2007, provocando un movimiento de protesta entre abogados y magistrados.
François Hollande retomó el 2014 un proyecto semejante. Durante año y medio largo, el proyecto de Justicia para el siglo XXI ha sido revisado, matizado y enmendado en varias ocasiones. Y será debatido en la Asamblea Nacional (AN) a partir del próximo día 17, donde podrá ser matizado o enmendado, antes de pasar en 2ª lectura al Senado, en 2ª lectura, igualmente «matizable».
El Colegio nacional de los abogados de Francia (CNAF) se ha apresurado a tomar posición contra casi todas las «iniciativas» del Proyecto de Ley para una Justicia del siglo XXI, cuyo objetivo es «simplificar» la justicia. A juicio del CNAF, la supresión de los abogados en los procedimiento de divorcio por consentimiento mutuo pudiera ser una amenaza para los hijos de posibles parejas en instancia de divorcio.
Dramáticas consecuencias
El Sindicato de la Magistratura (SdM) y la Unión Sindical de Magistrados (USM) consideran igualmente «amenazante» un «divorcio sin jueces», ante notario, sin procedimiento jurídico. En el caso de los matrimonios con hijos, el proyecto podrían tener dimensiones dramáticas. En los casos de parejas sin hijos, con recursos modestos, la mera declaración de intenciones, ante notario, podría crear un antecedente igualmente grave para el funcionamiento mismo de la justicia.
El proyecto «Justicia para el siglo XXI» llegará a la Asamblea Nacional (AN) el próximo día 17, tras año y medio de va y viene político, procesal y jurídico, entre el gobierno y varias comisiones parlamentarias. El proyecto de divorcio sin jueces, ante notario, con una mera «declaración» fue «relanzado» hace semanas con una enmienda al proyecto original.
El nuevo proyecto estudia la posibilidad de un «divorcio amistoso», negociado por los esposos, asistidos por sus respectivos abogados, haciendo una «mera declaración ante notario». Tal proceso propone suprimir los procedimientos jurídicos actuales, culminando con una indispensable sentencia judicial. La posibilidad de un «divorcio rápido», a través de internet, permite «acelerar» y recortar el precio de los procedimiento, sin suprimir la sentencia judicial.
Formalidad jurídica
Tras las críticas de fondo de las asociaciones de abogados y magistrados, de izquierda y derecha, la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF) ha decidido intervenir ante la opinión pública, estimando que se trata de una cuestión «esencial».
Recordando que ya se opuso con éxito a los proyectos anteriores, socialistas y conservadores, la UNAF insiste en los puntos que considera capitales: «Un “divorcio” de esa naturaleza corre el riesgo de ser muy lesivo para la parte más débil. Los hijos no pueden estar “al margen” de un conflicto familiar de fondo. La supresión de los procedimientos judiciales cambiaría la naturaleza jurídica del matrimonio, transformándolo en una mera formalidad administrativa».
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