sábado, 4 de julio de 2015

Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores


LEY 7/2015, DE 30 DE JUNIO, DE RELACIONES FAMILIARES EN SUPUESTOS DE SEPARACIÓN O RUPTURA DE LOS PROGENITORES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 12 de abril de 2011 se presentó en el Parlamento Vasco la iniciativa legislativa popular de corresponsabilidad parental y relaciones familiares en casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos/as a su cargo o parejas sin hijos/as, conocida por "ley de custodia compartida".
Dicha iniciativa, acompañada de más de 85.000 firmas, venía a traer a sede parlamentaria el debate ampliamente extendido en el País Vasco en torno a la custodia compartida y otras consecuencias de las rupturas de pareja. 
La ley con sus comentarios AQUI . Cuatro años para este bodrio.
Abrimos un espacio de debate, donde se puede criticar la ley de forma constructiva a través de padresdivorciadosmadrid@yahoogroups.com 

10 años de matrimonio homosexual: "El día que nos casamos cambiamos un poquito el mundo"


Ricardo y Fernando
Ricardo y Fernando
La aprobación de la ley de matrimonio homosexual en España, que entró en vigor un 3 de julio, cumple una década.
Ricardo, Fernando, Elena, Ana o Antonio son algunas de las 31.600 parejas de gais y lesbianas que se han casado desde 2005.
"La clave de la fuerza de este cambio radica en la palabra matrimonio", explica Ricardo.
Ana, Elena, Antonio, Ricardo, Fernando... vivieron una revolución hace 10 años. No fueron los únicos. Entonces fue un pequeño cambio para el hombre, un gran cambio para la sociedad. Así se podría definir lo que causó la modificación del art. 44 del Código Civil que permitió ampliar el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo. Sólo hubo que cambiar los términos "marido" y "mujer" por "cónyuges", y "padre" y "madre" por "progenitores". Además, se añadió una frase: “ El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo”. Y con esta pequeña reforma, la ley 13/2005, aprobada en el Congreso el 30 de junio de hace 10 años por iniciativa del gobierno socialista de J. L. Rodríguez Zapatero y que entró en vigor un 3 de julio, venía a traer seguramente una de las mayores revoluciones sociales vividas en este país. Con esta ley, España se convertía en el 4º país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo aunque, como declara a eldiario.es J. L. Rodríguez Zapatero, "era la ley más completa y avanzada de todas".
Eso sí, una revolución silenciosa, calmada y progresiva y normal. Al principio, tuvo que lidiar con algunos obstáculos, como las protestas de la Iglesia Católica y de los sectores más conservadoras de la sociedad. En el trámite legal, el Partido Popular llegó a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, que unos años después, en 2012, se pronunció a favor del texto legal. Pero ahora son ya 31.610 bodas homosexuales las celebradas ( 12.200 de parejas lesbianas y el resto, 19.410, de parejas de hombres). Y a la sociedad no le ha pasado nada. Más bien, al contrario, ya que España encabeza la lista de países con mayor aceptación de la homosexualidad, y según un estudio del Pew Research Center, en ningún otro país del mundo es tan bajo el porcentaje de personas que creen que la homosexualidad es moralmente inaceptable.
En este sentido, Eduardo Bericat, catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla, destaca que España es uno de los países en los que más se ha avanzado en tolerancia y en reconocimiento de la diversidad y los distintos estilos de vida. "Lo que ha pasado en España es un proceso muy, muy destacable. Somos la avanzadilla en términos de valores sociales: libertad, tolerancia, respeto, multiculturalismo… cualquier valor social que se considere como un valor de progreso", asegura (....)
Antonio: El primer divorcio.
La nueva ley normalizaba los matrimonios entre personas del mismo sexo y todo lo que eso conllevaba: la adopción conjunta, el derecho de sucesiones, el derecho de residencia, los efectos tributarios, las pensiones y, cómo no, la separación y el divorcio. En estos 10 años se han registrado en nuestro país un total de 1.858 divorcios de parejas homosexuales. Uno de estos divorcios fue el de Antonio, un sevillano de 37 años, y su ex marido, que sólo permanecieron casados 7 meses. Como se suele decir, ‘fue bonito mientras duró’ pero, como a muchas otras parejas, se les rompió el amor y el suyo fue el 1º divorcio de una pareja gay con sentencia firme.
"Fue de mutuo acuerdo y no había hijos ni bienes que repartir, por lo que fue un divorcio exprés, que también se acababa de aprobar en aquel entonces", recuerda Antonio. Él y su pareja, de nacionalidad argentina, pagaron entre los dos 550 euros y dejaron de estar casados. "Todo el proceso de separación fue muy rápido y una separación muy cordial, no hubo ningún problema", señala.
Continua el artículo AQUI

Famosas que han sido víctimas de violencia de género

La violencia de género es un problema que afecta a 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos, y diversas famosas han superado facetas de maltratos y violencia que finalmente han salido a la luz. (Archivo)  




Por El Universal / México / GDA 07/02/2015 |
Ya sea por parejas sentimentales o abusos desde pequeñas en sus núcleos familiares, estas mujeres han salido adelante.
Las celebridades rara vez pueden mantener sus relaciones en privado, con tabloides, revistas y "paparazzi" encima de ellos todo el tiempo, sin embargo, algunas de las mujeres más hermosas del espectáculo han mantenido en silencio los abusos a los que han sido sometidas.
La violencia de género es un problema que afecta a 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos, y diversas famosas han superado facetas de maltratos y violencia que finalmente han salido a la luz.
Ya sea por parejas sentimentales o abusos desde pequeñas en sus núcleos familiares, estas mujeres han salido adelante y hoy forman parte de movimientos en contra de violencia doméstica donde han contado sus historias.
Son modelos a seguir por su fortaleza, quienes además hoy participan en campañas de Naciones Unidas, han publicado libros o simplemente han hablado sobre su proceso para ayudar a otras mujeres a sentirse fuertes y denunciar.
Conoce a 7 bellezas que han sido víctimas de uno de los problemas más comunes de las mujeres en la actualidad.
1. Rihanna: En 2009 la cantante mantenía una relación con Chris Brown cuando éste la golpeó brutalmente después de una fiesta, Rihanna tenía 19 años.
2. Halle Berry: La actriz confesó en una entrevista que tuvo un novio que la golpeó tan fuerte que la dejó sorda de un oído. La violencia estuvo presente desde su niñez, cuando su padre tenía conductas abusivas con su mamá.
 3. Charlize Theron: Cuando era niña y vivía en Sudáfrica su madre y ella era constantemente amenazadas por su padre alcohólico. 
Para cuando cumplió 15 años su madre le disparó y mató en defensa personal.
 4. Madonna: Mientras estuvo casada con el actor Sean Penn en los 80 sufrió de violencia, incluso en una ocasión fue golpeada por el actor por 9 horas seguidas, según la intérprete de "Material girl".
 5. Whitney Houston: Su matrimonio con Bobby Brown estuvo marcado por la violencia y los golpes, sin embargo, se mantuvieron juntos por muchos años hasta su divorcio en 2007. 

6.  Pamela Anderson: Su ex esposo Tommy Lee pasó 4 meses en la cárcel después de patear a la modelo mientras estaba embarazada.
 7. Kate Moss: Durante su relación con el cantante Pete Doherty se sabe que hubo violencia doméstica, además de abuso de drogas por parte de ambos.

viernes, 3 de julio de 2015

España: 10 años de fracasos de la ley de violencia contra la mujer

La presidenta del Observatorio subraya la importante labor realizada por los órganos judiciales

Se cumplen 10 años de la entrada en funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer. Ángeles Carmona destaca la garantía que supone para las víctimas una respuesta judicial especializada
Comunicación Poder Judicial|viernes, 26 de junio de 2015
El próximo 29 de junio se cumplen 10 años desde la entrada en funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer y las secciones especializadas en el seno de las Audiencias Provinciales.
La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, Ángeles Carmona, ha querido destacar la garantía que para las víctimas supone contar con una respuesta judicial especializada.
El 29 de junio de 2005, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entraron en funcionamiento estos órganos judiciales especializados.
En la actualidad existen 106 juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos en toda España, cuando en el año 2005 se inició esta especialización con 17 juzgados. Además existen 355 juzgados compatibles, cuyos titulares reciben una formación especializada al igual que sucede en los juzgados penales y en las secciones de las Audiencias Provinciales competentes en materia de violencia de género.
Ángeles Carmona ha subrayado igualmente la gran labor llevada a cabo en estos 10 años por los juzgados de violencia sobre la mujer, que ha contribuido a que nuestro país sea un referente internacional en la lucha contra la violencia de género, como así lo han reconocido, por ejemplo, el Parlamento Europeo y Naciones Unidas.
La presidenta del Observatorio ha querido llamar la atención sobre la gran actividad de estos órganos y en este sentido, aunque aún no se disponen de los datos exactos de estos 10 años, sí se puede señalar que los juzgados de violencia sobre la mujer, desde su creación en 2005, han instruido más de 1.400.000 mil delitos y han dictado cerca de 200.000 sentencias, con un porcentaje de condenas que se aproxima al 80 % ????.
Además en estos 10 años se han solicitado más de 300.000 órdenes de protección, con diferentes porcentajes de órdenes concedidas en los diferentes años que, en todo caso, superan el 60 % de las presentadas en los juzgados de violencia sobre la mujer.
Ángeles Carmona ha querido, por último, incidir en la necesidad, por un lado, de potenciar los mecanismos de protección de las víctimas de violencia de género, intensificando la coordinación institucional y la sensibilización ciudadana y, por otra parte, de continuar ofreciendo una respuesta adecuada y firme del Estado de Derecho frente a los maltratadores.
Nota: ¿A quien quiere engañar? La realidad esta en la calle: Siguen muriendo mujeres.. Se habla de la industria del maltrato: Asociaciones, grupos de presión, subvenciones,......

Certas asociaciones de padres separados juegan con las Feministas para no conceder la Custodia Compartida como normal

Concentración de Kidetza, la federación de padres y madres separados de Euskadi que ha impulsado la ley - Foto; Sabemos
Por qué sí y por que no a la custodia compartida.
Euskadi se ha convertido esta semana en la 4ª comunidad autónoma en regularla. En enero el Gobierno presentó un anteproyecto de ley para hacer una norma a nivel nacional, si bien está paralizada.
Sus defensores insisten en que su objetivo principal es preservar el derecho de los menores a convivir con sus 2 progenitores. Sus detractores argumentan, en cambio, que prioriza los deseos de los padres frente a los de los hijos. La custodia compartida continúa provocando debates y desencuentros entre quienes defienden su regulación y su establecimiento como medida preferente en los casos de separaciones o divorcios conflictivos, y quienes abogan por que se estudie caso por caso atendiendo a cada una de sus particularidades. En España no existe una ley nacional que la regule, aunque sí lo hacen Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra. A la lista se ha sumado esta misma semana el País Vasco, cuyo Parlamento aprobó una Ley de corresponsabilidad parental y relaciones familiares en casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a su cargo o parejas sin hijos, conocida como Ley de Custodia Compartida, con el voto a favor de PNV, PP y UPyD y con el rechazo de EH Bildu. El PSE se abstuvo.
Justo Sáenz, presidente de Kidetza, la Federación de Euskadi de Padres y Madres separados que agrupa a las 3 organizaciones existentes en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, celebra la aprobación de la medida que regula los casos de separación o divorcio en los que los padres no llegan a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos. Él, que junto a su organización presentó en 2011 una Iniciativa Legislativa Popular al respecto con el apoyo de 85.000 firmas, defiende en declaraciones a Sabemos el texto aprobado por la Cámara de Vitoria –en el que se han introducido algunas modificaciones– al entender que “se reduce la conflictividad” entre los progenitores, “se clarifican en el momento de la separación los derechos y las obligaciones de los padres respecto a sus hijos” y se establece un “convenio regulador” en el que los padres deben detallar cómo se tomarán las decisiones en asuntos tan importantes en la vida del menor como su educación, la sanidad o los viajes.
Medida preferente La normativa vasca, similar a las ya aprobadas en otras comunidades del Estado, establece la custodia compartida como medida preferente cuando no sea perjudicial para el menor. Incluso cuando uno de los progenitores esté en contra, el juez podrá establecer ese tipo de custodia si bien tendrá en cuenta la atención dedicada al niño por cada uno de los padres antes del divorcio, la opinión de los propios menores, la relación de respeto que exista entre padres e hijos o la cercanía entre los domicilios de unos y otros. Además, se contempla el derecho del menor a una vivienda digna y prohíbe la custodia compartida en los casos en los que el padre haya sido condenado por maltrato, una de las condiciones que exigían Eh Bildu y PSE, que desde el principio mostraron sus reticencias a la ley.
El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, mantiene su rechazo. Si bien consideran “positivas” las modificaciones introducidas en la tramitación parlamentaria de la norma, desde el instituto explican que están en contra de que la custodia compartida “se aplique en los casos en los que no exista acuerdo entre las personas progenitoras, ya que ello podría ir contra el interés superior de las y los menores”. “El interés de niñas y niños requiere que la custodia asignada, sea la que sea, garantice su mayor estabilidad personal, afectiva y familiar”, indican. Emakunde aboga “por una sociedad madura donde tanto mujeres como hombres sean corresponsables del cuidado de sus criaturas en todo momento”, y en la que la corresponsabilidad no se plantee “a partir de una separación, sino que debe darse desde el momento en el que nacen las hijas e hijos”.
La propuesta del Gobierno El 15 de enero, el Ministerio de Justicia presentó a distintas asociaciones un Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de corresponsabilidad parental y otras medidas en los casos de nulidad, separación o divorcio, con la idea de regular la custodia compartida a nivel estatal. El texto que suscitó el firme rechazo inmediato de las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, no ha sido sin embargo presentado ni siquiera en el Congreso de los Diputados, por lo que los plazos hacen ya imposible que se pueda tramitar en lo que queda de legislatura. A pesar de que desde el Ejecutivo se insistió en que sólo se trataba de un borrador, las organizaciones feministas denunciaron que el texto sí abría la puerta a la posibilidad de que un maltratador pueda obtener la custodia de sus hijos si así lo estima un juez, o a que se establezca la custodia compartida aunque ninguno de los progenitores la haya solicitado.
Ángeles Álvarez, diputada del PSOE y experta en Igualdad, reconoce que el borrador del Gobierno “desató las iras de todo el mundo” por esa permisividad con los maltratadores y por la “custodia compartida impuesta”. “Es un despropósito que el juez pueda imponer esto por defecto, ya que puede hacer que muchas familias tengan que mantener un vínculo que no quieren tener”, explica. Su partido respaldó la ley de custodia compartida aprobada hace ya años en Aragón pero, según advierte, la aplicación de la norma les está haciendo reconsiderar su postura. En su opinión, la prioridad en este momento es impulsar es una legislación específica que prohíba a los jueces a decretar la custodia compartida en esos casos de maltrato, y que los magistrados tengan que decidir en función de cada situación familiar.
Justo Sáenz, por su parte, anima a todos los agentes a adoptar normas similares a la aprobada en Euskadi. Según explica, tras años al frente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres separados se ha dado cuenta de que una de las cuestiones “que genera más conflictos” es que la ley del divorcio “se ha quedado obsoleta al tener lagunas e inconcreciones”. Por eso, a su juicio, es necesario ir más allá.
Nota: Despues de lo que dice, tenemos el "Bodrio" de la ley aprobada por el Parlamento Vasco. Sabe lo que es aplicar en la practica la teoria y no dar pasos atras, una vez y otra. ¿Que gana con complicar más situación? Jugar con los sentimientos de miles de personas que se divorcian todos los años.

Y dicen que aumentan las custodias compartida en la Comunidad Valenciana, con el retraso existente.


200 informes paralizados para la guardia y custodia de menores.
El gabinete psicológico acumula un retraso de 10 meses y los jueces reclaman un esfuerzo para sacar cientos de evaluaciones de menores clave.
A. Rallo | valencia|@a_rallo | 2 julio 2015  
Elaborar un reportaje sobre Justicia equivale a cubrir un terremoto. La magnitud de la tragedia hace casi imposible concentrar el foco en un único objetivo. Algo similar ocurre en esta administración. Son tantos los problemas que resulta complicado destacar uno y analizarlo de manera independiente. Se trata de un cúmulo de deficiencias, algunas admiten una solución sencilla; otras resultan endiabladamente complicadas de erradicar. Así, a grandes rasgos, este es el diagnóstico. Faltan juzgados, jueces, fiscales y funcionarios. La sobrecarga de trabajo hace que la respuesta no sea lo rápida -no necesariamente satisfactoria- que requiere cualquier usuario. Todo lo anterior se desarrolla en unas instalaciones que, por norma general, no aceptarían el calificativo de dignas. Por si no fuera suficiente, los medios materiales no llegan al nivel usuario, el doméstico. "Algún día me gustaría que te sentaras en mi ordenador y vieras con lo que trabajo", comentó esta semana un cargo de cierta responsabilidad a quien redacta estas líneas. El ministerio y la conselleria nunca se han preocupado de esta Administración como de la Educación o de la Sanidad. Quizá pensaron que una mayor dedicación no se traducía en votos. Tampoco el colectivo, jueces y fiscales, puede colocarse tras una pancarta. Son demasiados años de inacción y de promesas incumplidas. La situación amenaza con convertirse en crónica.
La última memoria del Tribunal Superior de Justicia, difundida esta semana, saca a la luz todos los problemas de un sistema que parece anclado al pasado. Casi 300 páginas en las que cuesta encontrar algo positivo. Llama la atención la sobrecarga judicial, los bancos (preferentes y la salida de Bankia a Bolsa) son ahora mismo de los que más trabajo generan a los jueces.
También las rupturas de parejas con hijos. En Valencia, este problema, resulta especialmente grave por el deficiente funcionamiento del gabinete psicosocial, un órgano encargado de los informes a menores y que prácticamente es determinante a la hora de determinar la guarda y custodia y el régimen de visitas. El gabinete tiene pendientes más de 200 informes. La espera media para finalizar esta pericial es de unos 10 meses, aunque se dan casos de espera de hasta 18, según las fuentes consultadas.
La demora, que debería ser inasumible en este tipo de procedimientos porque afecta a los intereses de un menor de edad, ha obligado incluso a suspender juicios. Además, se da otra circunstancia añadida. "A la espera de este informe se adoptan medidas provisionales. Estas se acuerdan sin el informe del gabinete, pero una vez está terminado puede que las circunstancias hayan variado tanto que sería necesario un nuevo dictamen", precisan desde la Fiscalía de Valencia.
El juez decano, Pedro Viguer, ya ha anotado esta situación en su agenda, como una de las 1ª medidas que planteará al próximo conseller o consellera de Justicia. Se da la circunstancia de que algunos padres incluso optan por buscar un perito al margen del gabinete con el consiguiente desembolso económico. Y quizá Valencia sea una privilegiada. En el resto de partidos judiciales, la situación es notablemente peor.
Los jueces de Familia soportan una carga de trabajo que no deja de crecer ejercicio tras ejercicio. Consideran que serían necesarios otros 5 psicólogos en el citado gabinete para ponerse al día. Actualmente son 8 los profesionales que trabajan en el departamento. No se duda de su esfuerzo y dedicación. Sólo durante el pasado año realizaron 350 informes. Es decir, la bolsa pendiente equivale a unos 7 meses de trabajo en exclusiva.
No es el único problema de los 4 juzgados de Valencia que se dedican a esta materia. Desde 2010, los procedimientos por modificación de medidas (fundamentalmente rebajas de pensiones por la crisis pero también solicitudes de custodia compartida) siguen en aumento. Estas solicitudes, en ocasiones, también obligan a recurrir al gabinete psicosocial. Además, desde 2002 que no se crea un nuevo juzgado de Familia. 13 años sin un mínimo refuerzo estable.
La necesidad de nuevos juzgados, por desgracia, es una demanda común para toda la Comunitat Valenciana y en todos los órdenes. La situación más triste en este sentido se remonta a 2010, época del entonces conseller Rafael Blasco, hoy preso en Picassent por el caso Cooperación. La Generalitat pidió una moratoria de 6 meses porque no tenía fondos para poner en marcha 15 juzgados en la región. Hay que tener en cuenta que el sueldo de los funcionarios y las dependencias corren a cargo del Consell. Sólo la nómina del juez y del secretario judicial salen de las cuentas de Madrid.
Más adelante ya con Jorge Cabré en la conselleria se anunció que se pondrían en marcha 5 juzgados. Eran los más urgentes, casos como Llíria, Massamagrell... Los nuevos órganos salían a coste cero por la distribución de personal de otros juzgados. Pero el Ministerio frenó esta idea a los pocos días de difundirse. El discurrir de los acontecimientos fue tan surrealista que en algún lugar se vieron obligados a desmontar parte del mobiliario. Parece que la solución de abrir 5 en vez de los 15 no era apropiada en plena crisis económica. De nuevo el error de concebir como secundaria la inversión en justicia.
La petición de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, cifra en 46 los juzgados necesarios en la Comunitat aparte de refuerzos de magistrados en diferentes secciones de la Audiencia. En este listado se incluyen los 15 que se frenaron hace años. Destacan los refuerzos en Primera Instancia, que copan la mayoría de las exigencias. Y es que estos órganos sufren una insólita acumulación de trabajo, especialmente grave en la capital del Turia "sin parangón en ningún tiempo ni en otro lugar de España". La consecuencia -fundamentalmente por todas las demandas derivadas de preferentes y la salida a Bolsa de Bankia- es que los señalamientos se han disparado a casi 1 año. El TSJ ha solicitado otros 3  jueces de refuerzo en este ámbito.
Intersindical denunciaba esta pasada semana la situación de estos órganos. No sólo la excesiva carga de trabajo por productos bancarios sino que el plan de refuerzo de la Conselleria de Justicia no contempla la llegada de nuevos efectivos. La organización apunta que lo peor -como suele ocurrir en Justicia- está por llegar. La despenalización de numerosos procedimientos hará que estas causas se tramiten por la vía civil. Más trabajo, pues, para estos profesionales (......) .
El listado de reformas pendientes es extenso. Una oficina judicial que se presenta como una solución milagrosa pero que nunca llega. La Audiencia de Valencia se ha ofrecido como conejillo de indias para probar el sistema. Los tribunales de instancia, que permitirían la posibilidad de un juez sin necesidad de crear un juzgado, siguen a la espera. De igual modo, duerme en un cajón del Ministerio de Justicia la propuesta de concentrar partidos judiciales que fue avalado por el Poder Judicial. Disputas políticas enterraron la iniciativa. Otros apuntes incumplidos son la interconexión de los sistemas informáticos de los juzgados y la fiscalía, sin olvidar la siempre feliz idea de la llegada de las nuevas tecnologías. A este paso, se harán viejas.

El Tribunal Supremo desautoriza la tesis para denegar la custodia compartida

24968335_s
El argumento de muchas Sentencias para no acordar la guarda conjunta es que si los progenitores pactaron en su día en el convenio regulador la custodia materna sería porque en ese momento consideraron que éste modelo de custodia amparaba mejor que ningún otro el interés del menor, y si ésta ha venido desarrollándose sin ningún problema y el hijo se relaciona normalmente con el padre, no conviene introducir ningún cambio.
Aprovechando la magnífica relación con la hija y que comenzaba su etapa escolar, el padre presentó una demanda de modificación de medidas.
Tanto el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 7 de Sevilla como la Sec. 2.ª de la AP de Sevilla, utilizando el anterior argumento, desestimaron la petición del padre de instaurar la custodia compartida.
El Tribunal Supremo, al resolver el recurso de casación en su Sentencia de 26 de junio de 2015, ha echado por tierra los razonamientos jurídicos que llevaron al Juzgado y a la Audiencia Provincial a rechazar la custodia compartida.
Señala el alto tribunal que “lo que la sentencia dice es que ambas partes convinieron las medidas que habían de regir en el futuro sus relaciones y en ellas se dispuso que la menor permaneciera bajo el cuidado cotidiano de su madre, por lo que no resulta oportuno la modificación de la medida, alterando una situación “que se viene desarrollando de forma adecuada y que responde a lo querido por los progenitores”. Nada más dice. Nada dice que el padre es “buen padre de familia”, como señala el juzgado en la sentencia que ratifica la Audiencia, circunstancia que no se niega ni se discute, y nada argumenta tampoco sobre la evolución natural de la menor desde que el convenio se aprueba hasta ahora especialmente referida a un momento importante como es para la niña el del inició de su etapa escolar, y la menor dependencia de sus padres… La sentencia solo ha valorado el convenio regulador anterior sin tener en cuenta este cambio de circunstancias que propician un régimen de custodia distinto, como tampoco ha tenido en cuenta el hecho de que en el tiempo en que aquél se firmó era un régimen de custodia ciertamente incierto, como ha quedado demostrado con la evolución de la doctrina de esta Sala y de la propia sociedad
La sentencia- sigue señalando el Tribunal Supremo- no concreta el interés de la menor, en la forma que esta Sala ha señalado con reiteración. La sentencia petrifica la situación de la menor desde el momento del pacto, sin atender a los cambios que desde entonces se han producido. En 1º lugar -STS 18-11-2014-, el hecho de que haya funcionado correctamente el sistema instaurado en el convenio no es especialmente significativo para impedirlo, lo contrario supone desatender las etapas del desarrollo de los hijos y deja sin valorar el mejor interés del menor en que se mantenga o cambie en su beneficio este régimen cuando se reconoce que ambos cónyuges están en condiciones de ejercer la custodia de forma individual, como resulta de la sentencia de 29 de noviembre de 2013.
En 2º lugar, lo que se pretende con esta medida -dice la misma sentencia- es “asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor” y, en definitiva, “aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda parece también lo más beneficioso para ellos”.
En 3º lugar, la rutina en los hábitos de la niña que resultan del régimen impuesto en el convenio regulador no solo no es especialmente significativa, dada su edad, sino que puede ser perjudicial en el sentido de que no se avanza en las relaciones con el padre a partir de una medida que esta Sala ha considerado normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, de una forma responsable.
Por consiguiente, la valoración del interés de la menor no ha quedado adecuadamente salvaguardado. La solución aplicada en la resolución recurrida no ha tenido en cuenta los parámetros necesarios, y ello sin perjuicio de que esta medida pueda ser revisada cuando se demuestre que ha cambiado la situación de hecho y las nuevas circunstancias permiten un tipo distinto de guarda o impiden el que se había acordado en un momento anterior.
Por último indicar que tampoco ve obstáculo alguno el Tribunal Supremo en la circunstancia de que la sentencia que aprobó el convenio regulador fuese de fecha de 12 de mayo de 2011 y que la demanda de modificación de medidas se presentase el 20 de abril de 2012. ¿¿¿¿¿¿¿????????