domingo, 1 de marzo de 2015

Rajoy rectifica y suprime las tasas judiciales para los ciudadanos

A partir del lunes, solo las empresas pagarán para acceder a los tribunales.

Los togados de violencia machista atenderán las órdenes de alejamiento.
PATRICIA MARTÍN / MADRID/ 28.02.2015

El ministro Rafael Catalá, en el Congreso.
2 años y 2 meses después de entrar en vigor, el pago del polémico tasazo judicial dejará de ser un requisito necesario para pleitear. El Consejo de Ministros incorporó ayer al decreto por el que se aprueban algunas de las medidas anunciadas por Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación la promesa realizada por el presidente de eliminar dicho impuesto para las personas físicas. El Gobierno enmienda así una de las medidas puestas en marcha por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón más contestadas.
Previsiblemente, a partir del lunes se volverá a la situación anterior en la que solo las empresas y pymes pagan tasas de entre 100 y 1.200 euros en función del litigio.
(Todavia no ha sido publicado en el BOE)
Jueces, fiscales, abogados y la oposición en pleno se levantaron en armas contra un tasazo que, según su criterio, ha retraído a muchos ciudadanos y pymes a la hora de acudir a los tribunales. Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá (que era secretario de Estado del ramo en el Gobierno de Aznar que implantó por 1ª vez el tributo para personas jurídicas), aseguró ayer que tras analizar las estadísticas no se puede «acreditar» que la introducción de las tasas hayan contribuido a la reducción del nº de demandas. La disminución puede deberse, sostuvo, también a la crisis.
El Ejecutivo ha recaudado unos 300 millones al año gracias al tributo, 50 millones de ellos abonados por los ciudadanos. Aunque para zafarse de las críticas Gallardón siempre aseguró que el dinero recaudado se destinaría a la ampliación del número de usuarios de la justicia gratuita, Catalá se desvinculó también de este compromiso y afirmó que lo que se siga cobrando irá a la «caja común» tributaria.
Las tasas no constituyeron ayer la única rectificación gubernamental. El Ejecutivo aprobó una reforma light de la ley orgánica del poder judicial en comparación con el ambicioso anteproyecto presentado el pasado abril y en el que Gallardón promovía una completa reorganización de los tribunales. A pocos meses de que acabe la legislatura, el Ejecutivo ha optado por cambios puntuales para mejorar la implantación de las nuevas tecnologías en los juzgados, agilizar el trabajo en los más saturados y reforzar a los jueces que instruyen macroprocesos.
EL MALTRATO / Asimismo, para mejorar la lucha contra la violencia machista, los jueces especializados en esta lacra atenderán también delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor, así como el quebrantamiento de las medidas del alejamiento. Y se reforzarán las unidades de valoración forense que sirven de apoyo a los jueces.
La última marcha atrás tiene que ver con la ampliación de 5 a 7 del nº de miembros de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial.

La cifra de suicidios crece en España



.... por 3º año consecutivo: Sube un 22% desde 2010. 
En 2013 se quitaron la vida 3.870 personas, la cifra más alta de los últimos 25 años. 
Es la 1ª causa de muerte no natural, por delante de los accidentes de tráfico.
2.911 de los suicidas fueron hombres y 959, mujeres.
El INE registra la cifra más alta de suicidios en los últimos 25 años. 
Junio es el mes donde se producen más muertes.
La cifra de suicidios ha vuelto a crecer por 3º año consecutivo. Un total de 3.870 personas se quitó la vida en 2013, un 22% más que los 3.158 que lo hicieron en 2010. 
Es la 1ª causa de defunción no natural en España, bastante por delante de los accidentes de tráfico: por cada muerto en carretera hay 2 suicidas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los datos que explican de qué se muere más la gente en nuestro país. La gráfica confirma un cambio de tendencia en los suicidios. Descendieron durante los 1º años de la crisis económica, pero a partir de 2010 comenzaron a crecer. El 1º año, el incremento fue muy leve, pero de 2011 a 2012 aumentaron en un 11% y de 2012 a 2013 subieron en un 9%.
Los 3.870 suicidios de 2013 (2.911 de hombres y 959 de mujeres) supone la cifra más alta alcanzada en los últimos 25 años.  
Y significan que 10 personas se quitan la vida, de media, cada día.
No obstante, España es uno de los países con las tasas más bajas de suicidio y se registran 8 suicidios por cada 100.000 habitantes.
Los medios más empleados para acabar con todo en 2013 son el ahorcamiento, el salto al vacío y la sobredosis de fármacos. Junio es el mes donde se producen más muertes.
Informe del INE
Otras Noticias relacionadas: Nexo entre paro y suicidios

sábado, 28 de febrero de 2015

Gobierno de Rajoy:Exención de tasas judiciales

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes, con el fin de que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos.
El ministro de Justicia ha argumentado que la supresión de las tasas es una reivindicación muy extendida entre los ciudadanos y profesionales que el Gobierno ha considerado oportuno recoger. La entrada en vigor de la norma es inmediata y no se dilata "para no generar etapas intermedias que serían difíciles de planificar".
Rafael Catalá ha declarado que las tasas judiciales "no tienen un objetivo recaudatorio" y que los ingresos obtenidos por este concepto se incorporan a la "caja común que paga los servicios públicos" por lo que, como cualquier tributo, "no están afectadas a un fin" concreto. También ha asegurado que no está acreditado que la actual regulación de las tasas haya tenido un impacto directo e inmediato sobre la litigiosidad.

Gett: The Trial of Viviane Amsalem: un divorcio bajo la ley judía



Gett: The Trial of Viviane Amsalem: un divorcio bajo la ley judía
PILAR AYUSO/Crítico de cine/el Nuevo Herald/02/26/2015
‘Gett: The Trial of Viviane Amsalem’, dirigida por Ronit y Shlomi Elkabetz.
Esta es la historia de una separación matrimonial en Israel. El tema está anunciado en el término hebreo: gett (guet) (divorcio)
En un país donde, bajo la ley de Moisés, no se reconoce la ruptura sino en un tribunal rabínico, hay una mujer que lucha por el derecho a ser libre y un hombre que se opone a él.
Por 3 años se aplazan las audiencias en la corte religiosa y el esposo, Elisha (Simon Abkarian), rehúsa a comparecer. Finalmente aparece, absolutamente obstinado, solo para no ceder. Un trío de rabinos deberá decidir ante la insistente petición de esta esposa infeliz. Pero ni siquiera los jueces tienen la última palabra, bajo una ley divina que favorece a una de las partes: el marido.
Detrás del filme, nominado a los Globos de Oro, están los hermanos directores Ronit Elkabetz (quien encarna brillantemente a Viviane) y Shlomi Elkabetz, que retoman el tema femenino en la 3ª de su serie, y a la manera de la trilogía Before… de Linklater, regresan siempre los mismos actores en sus roles.(.....)
Los tres rabinos necesitan “fundamentos” para decidir, la historia es esencialmente la búsqueda infructuosa de una causa. Pero los testigos no pueden aportar razones fehacientes para el divorcio de “un matrimonio judío honorable”, ni siquiera los de la parte femenina. En la ley religiosa, no hay un término llamado “incompatibilidad de caracteres”
Tampoco estamos ante el caso de mujer físicamente maltratada por marido abusivo, una tangente del problema de la que felizmente han huido los directores, en pos de ir a la raíz: el derecho a la libertad.
Las interminables sesiones del proceso, que dura un lustro, con interrogatorios al matrimonio, intervenciones de los abogados, palabras de los testigos, se convierten en una carrera absurda que gira en círculos y no conduce a ningún lado. Pagar un penoso precio para que –como dicta la Torah- el gett sea colocado por el marido en las manos femeninas, es la única salida en este aplastante retrato de la mujer en Israel actual.• 


Más competencias civiles a los juzgados de violencia contra la mujer.

(...) El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que han adoptado estas nuevas medidas para cumplir con su compromiso de "mejora permanente" en la lucha contra la violencia de género y, en este sentido, ha asegurado que seguirán creando nuevos juzgados.
"Se amplían competencias del juez de violencia contra la mujer, en materia social y civil para tener una visión integral de las cuestiones que afectan a la violencia de género", ha indicado Catalá para añadir que también "se refuerzan las unidades de valoración forense y los equipos sociosanitarios que tienen que estar apoyando a los jueces en materia de derecho de familia, menores o violencia".
Además, el proyecto de ley establece que todos los operadores jurídicos deberán recibir una formación especializada y, por ello, se someterán a pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la Carrera Judicial que contemplarán el estudio del principio de igualdad entre hombres y mujeres, las medidas contra la violencia de género y su aplicación con carácter transversal.
La norma también dicta la obligación de la Comisión Nacional de Estadística Judicial de tener en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo a la hora de elaborar los criterios de estadística.
Por otro lado, Catalá ha anunciado que se transferirán casos de violencia de género de los juzgados más saturados a aquellos con menos carga de casos, siempre que no exista una gran distancia.(...)
El artículo completo AQUI

viernes, 27 de febrero de 2015

CONVENIO EUROPEO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS|

Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996.
El Documento AQUI

Los asesores, desesperados con el impuesto de sucesiones

Aseguran que vulnera el derecho comunitario. 
Advierten del trato discriminatorio hacia los extranjeros no comunitarios
Jaume Viñas| Madrid| 27-02-2015 
El impuesto sobre sucesiones y donaciones es uno de los tributos que más quebraderos de cabeza y agravios comparativos provoca. Se trata de una figura impositiva sobre el que las comunidades autónomas tienen una amplia competencia y ello deriva en que el coste fiscal por heredar o recibir una donación varíe notablemente en función de la legislación de la comunidad autónoma en la que se aplique. “Coexisten 20 regímenes tributarios distintos”, señaló Estrella Martín, miembro de la comisión directiva de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ayer organizó unas jornadas para analizar la reforma fiscal. Además de las 15 legislaciones de las comunidades de régimen común, se deben sumar las 3 de las diputaciones forales vascas, 1 por Navarra y otra más por la norma estatal.
De los 20 regímenes tributarios vigentes en España, el peor de todos es el estatal, cuya aplicación fue censurada el año pasado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Bruselas consideró que España discriminaba a los no residentes. Hasta 2014, los contribuyentes no residentes estaban obligados a tributar por la legislación estatal en el impuesto sucesiones y donaciones, que cuenta con menos bonificaciones que la autonómica. Por ejemplo, si un contribuyente alemán heredaba una vivienda en Baleares no podía aplicar la norma autonómica y debía regirse por la estatal. Ello suponía abonar una factura fiscal mayor frente a los contribuyentes residentes en España que, bajo este mismo supuesto, se beneficiarían de la norma autonómica de Baleares. Lo mismo sucedía por ejemplo cuando un contribuyente español heredaba un bien situado en el extranjero.
Bruselas dictaminó que la legislación resultaba contraria al derecho comunitario y el Gobierno se vio obligado a introducir durante el trámite en el Congreso de la reforma fiscal una enmienda para acabar con esta discriminación a partir de enero de 2015. Sin embargo, Martín lamentó que el Ejecutivo hubiera desaprovechado la ocasión para realizar una reforma en profundidad del tributo y argumentó que la legislación vigente sigue contradiciendo el derecho comunitario. El Gobierno modificó la legislación para favorecer a contribuyentes residentes en otros Estados miembros, pero mantuvo la discriminación para los extracomunitarios. La asesora de Aedaf considera que existe jurisprudencia para argumentar que se sigue vulnerando el principio de libre circulación.
Además, apunta a una posible inconstitucionalidad interna en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para los supuestos de nacionales españoles que residen en otro país que no pertenece a la UE. Por ejemplo, si un español residente en Argentina invierte en España, sus herederos deberían aplicar la legislación estatal en lugar de la legislación de la comunidad autónoma en la que se ubiquen los bienes. Otro ejemplo: si un español residente en Canarias fallece y tiene un hijo viviendo en Alemania y otro en Chile, ¿qué sucede? El heredero residente en Alemania aplicaría la legislación autonómica y, en cambio, el que vive en Chile tributaria por la norma estatal y pagaría más impuestos.
Por otra parte, la sentencia de Bruselas abre la puerta para que contribuyentes que se vieron afectados por una legislación contraria al derecho comunitario puedan exigir una devolución de los impuestos pagados de más. En el caso de períodos no prescritos, se debe presentar una autoliquidación. Y el declarante que hubiera sufrido un perjuicio en un período ya prescrito, tiene la posibilidad de emprender una acción de responsabilidad patrimonial al Estado. Se trata de un procedimiento para resarcir un daño económico generado por la Administración. En principio, el plazo para denunciar al Estado concluye el 10 de noviembre de 2014, es decir, un año después de la publicación de la sentencia. En cualquier caso, Martín recomienda que las actuaciones se inicien cuanto antes. Ello es así porque el borrador del anteproyecto de reforma de la Ley General Tributaria elimina la posibilidad de presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial y, en su lugar, lo sustituye por un procedimiento de revocación. “Es un ejemplo más de la avaricia tributaria de la Administración”, denunció Martín, que señaló que si la norma se aprueba con su texto actual, los contribuyentes afectados no tendrán posibilidades de reclamar.