lunes, 16 de enero de 2017

El PP propondrá ampliar el concepto violencia de género

Quiere que incluya también la violación, acoso, matrimonios forzados o la mutilación genital.
atlantico.net/15/01/2017
La subcomisión para articular un pacto en materia de violencia machista se constituirá previsiblemente el próximo mes de febrero en el Congreso de los Diputados. El año pasado concluyó con 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 8 casos en investigación, mientras que 2017 comenzó con 1 víctima confirmada y otro caso en investigación.
El pleno del Congreso aprobó por asentimiento el pasado 21 de diciembre la creación de la subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, a raíz de un acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios. "Aunque enero es un mes inhábil, tenemos previsto empezar a trabajar, de manera informal, para acordar el calendario de la subcomisión, la periodicidad de las reuniones y el cupo de comparecencias", explica la presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela.
La subcomisión se constituirá previsiblemente en la 1ª semana de febrero y, a partir de esa fecha, desarrollará "un trabajo intenso y lo más rápido posible", detalla Cancela. Su principal cometido es elaborar un informe, en el plazo de 4 meses, con propuestas para avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia contra la mujer.
Una vez aprobado, el informe se remitirá al Gobierno para que en 2 meses lo traslade a los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los partidos, la Administración de Justicia, los sindicatos, los empresarios y las organizaciones sociales.
1ª propuestas
Mientras tanto, representantes de los grupos parlamentarios mayoritarios avanzan cuáles son sus prioridades para alcanzar el pacto. La portavoz adjunta del Área Social del PP, Marta González, considera necesaria "una revisión completa" de la ley integral del año 2004 para ampliar el concepto de violencia de género a otras formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, como la violación, el acoso, el matrimonio forzado o la mutilación genital. "La ratificación del Convenio de Estambul por parte del Estado español implica la asunción de una serie de compromisos en materia de violencia contra las mujeres, que sobrepasan el ámbito de actuación de la ley de violencia de género", apunta González.
La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, destaca la necesidad de promover un plan de prevención de la violencia machista en los ámbitos de la educación y la salud pública, subsanar las "deficiencias" detectadas en la aplicación de la ley en el sector de la justicia y mejorar el sistema de valoración del riesgo de las víctimas en el campo de la seguridad.
Otras de las propuestas del PSOE están orientadas a dotar de recursos económicos a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para combatir este fenómeno y recuperar para las entidades locales las competencias en materia de igualdad que perdieron con la reforma local del PP.
La parlamentaria de Unidos Podemos Sofía Castañón señala que es necesario entender la lucha contra la violencia machista como "una cuestión de Estado", que hay que abordar de forma "prioritaria y urgente", por lo que celebra la creación de la subcomisión. Para Castañón, las noticias sobre las mujeres asesinadas representan la "punta del iceberg" de "una violencia sistémica" que se origina en la brecha salarial, en el techo de cristal, en que las mujeres no cobran lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, en que se asume que los cuidados son responsabilidad de las mujeres y no de la sociedad en su conjunto y en que, a la hora de estudiar, hay una ausencia de referentes femeninos en el currículum académico.
Desde Ciudadanos, la diputada Patricia Reyes indica que "lo fundamental es que haya menos mujeres asesinadas, que funcione el sistema de protección y que se ofrezcan soluciones para las víctimas de la violencia machista que no recurren a la justicia para denunciar su situación". Entre otras medidas, Reyes apuesta por dotar de medios a los ayuntamientos, promover campañas de sensibilización, aumentar los recursos humanos y materiales en el ámbito de la justicia y mejorar la formación de los agentes implicados.
Nota: ¿cambiaran el nombre a la ley después de 12 años? ¿Realmente les interesa que no existan mujeres muertas en las estadísticas? dado que es una cuestión electoral. ¿Seremos un país civilizado o seguiremos siendo tercer mundistas en la definición de la ley?

domingo, 15 de enero de 2017

El PP no cree en la Custodia Compartida: Puro Machismo

El PPCV exige a Rajoy como "regla preferencial" la custodia compartida.
La enmienda de los populares indica que una sociedad moderna debe buscar la corresponsabilidad
HÈCTOR SANJUAN, Valencia, 15/01/2017 
El PP valenciano será más atrevido en materia social que en cuestiones orgánicas y presentará, tal y como adelantó EL MUNDO, una enmienda en el congreso nacional para, en caso de que no haya pacto entre los progenitores y haya de decidirse por la autoridad judicial, «establecer iniciativas legislativas que contemplen la crianza o custodia compartida de los hijos con ambos progenitores, sin automatismos pero como regla preferencial o prevalente». 
El texto, redactado por la diputada María José Català con el visto bueno de la presidenta regional, Isabel Bonig, defiende que «una sociedad moderna que ha de buscar la corresponsabilidad» además de favorecer una «distribución igualitaria de roles sociales entre hombres y mujeres en las relaciones familiares».
Para defender esta posición que no es unánime dentro el partido -de hecho se ha enmendado porque en la ponencia social de la que formaba parte Bonig no existe mención alguna a la custodia compartida-, los populares valencianos recuerdan el principio de igualdad entre los progenitores y el derecho de cada menor a convivir con ambos tal y como fue proclamado por la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que España ratificó un año después.
Además, citan jurisprudencia del Tribunal Supremo que advierte de que la concesión de la custodia compartida debe dejar de ser excepcional en España pues «el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres».
Por ello, los populares consideran que la cuestión requiere la modificación del Código Civil.
El PP valenciano, que presenta esta enmienda como organización, saca pecho y recuerda que la Comunidad Valenciana ya reguló «la normativa más avanzada de España» a través de la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos y las hijas cuyos progenitores no conviven. Un marco jurídico que anuló el Tribunal Constitucional el año pasado al entender que el Gobierno valenciano se había excedido en sus competencias.
Otras regiones.
Con todo, en su justificación, el PP que lidera Isabel Bonig remarca que en otras comunidades autónomas como CataluñaAragón Navarra, la custodia compartida sí que es el sistema preferente y pide a su partido que, aprovechando el congreso nacional, haga caso a esta «demanda creciente» de buscar «un régimen de tiempo homogéneo y equitativo» en las relaciones de los progenitores con sus hijos e hijas menores.
Eso sí, el PPCV tiene claro que «no ha de atribuirse la custodia, ni individual ni compartida, como tampoco régimen de visitas, en favor del progenitor condenado penalmente por sentencia firme (hasta la extinción de la responsabilidad penal) por un delito de violencia doméstica o de género frente al cónyuge o los hijos, salvo autorización judicial al respecto, de manera excepcional, valorando la entidad del hecho y la peligrosidad del progenitor». 
Una atrevida enmienda que servirá para calibrar el peso y la influencia del PP valenciano en España.
EL TEXTO ÍNTEGRO: La enmienda del PP valenciano
«Entendemos que es necesario concienciar a los progenitores sobre la necesidad e importancia de pactar, en caso de ruptura o de no convivencia, un régimen de tiempo homogéneo y equitativo en las relaciones con sus hijos e hijas menores y, para cuando no sea posible alcanzar ese pacto y haya de decidirse por la autoridad judicial, establecer iniciativas legislativas que contemplen la crianza o custodia compartida de aquéllos con ambos progenitores, sin automatismos pero como regla preferencial o prevalente, en una sociedad moderna que ha de buscar la corresponsabilidad, y teniendo siempre como criterio máximo la atención al superior beneficio de los menores».
Nota: ¿Que entiende el PP por Atención al Superior beneficio de los menores? Ha cambiado la coletilla: Interes Superior del Menor. Con lo facil que es aplicar el Bienestar superior de los menores tras la ruptura de la convivencia en pareja.


sábado, 14 de enero de 2017

iUrisfy: ¿Rebajar los costes de un proceso de divorcio?

Una aplicación para tramitar divorcios por internet: iUrisfy digitaliza un proceso que hasta ahora había sido presencial lo que supone una verdadera revolución en el sector.


El IPF calcula que en España hay 1 divorcio cada 5 minutos.
FINANZAS.COM 
En España se tramitan cada año cerca de 100.000 casos de nulidad, separación o divorcio, alcanzando una tasa del 2,2 por cada 1.000 habitantes. De hecho, según un reciente estudio publicado por la Fundación lusa Manuel dos Santos, España es el Vº país de Europa con mayor índice de divorcios por detrás de Portugal, Dinamarca, Luxemburgo y República Checa.
El informe "Evolución de la Familia en España 2016" del Instituto de Política Familiar (IPF) revela además que desde que se aprobó la ley del divorcio en el año 1981 se han registrado casi 3 millones de rupturas matrimoniales, y la población separada o divorciada representa ya el 6% de la población adulta española.
Aunque los divorcios se producen en cualquier mes- el IPF calcula que en España hay 1 divorcio cada 5 minutos- los expertos apuntan a enero y septiembre como épocas clave para las parejas. Los primeros días del año, después de las vacaciones de Navidad, las parejas en crisis son más propensas a dar el paso de la ruptura.
La convivencia con las familias, la salida de la rutina, y los propósitos de cambio unidos al inicio del año actúan como motor de decisión. 
Las cifras que se registran en los bufetes de abogados lo corroboran: "Durante el periodo vacacional las parejas pasan mucho tiempo juntas. Es cuando más afloran todos esos problemas que llevan mucho tiempo latentes y cuando más aumenta el estrés. 
Ese puede ser el desencadénate final de muchos matrimonios" señala Ximena Bernaldo de Quirós, abogada y una de las fundadoras de iUrisfy. Pionera en nuestro país, iUrisfy es la 1ª aplicación para móviles y tablets que permite tramitar el divorcio consensuado de manera online. Planteada para ahorrar tiempo y dinero a los implicados, iUrisfy digitaliza un proceso que hasta ahora había sido presencial lo que supone una verdadera revolución en el sector.



El coste de un proceso de divorcio en España

Advierten que tramitar un divorcio vía 'online' puede ser un "carísimo" calvario.
La Asociación de Abogados de Familia critica el lanzamiento de una aplicación para divorciarse online. "El arrepentimiento por las condiciones firmadas resulta carísimo", afirman. Lo califican de "campaña publicitaria engañosa".
ECO /EFE. 13.01.2017
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha alertado este viernes del efecto "cadena perpetua" que puede conllevar tramitar un divorcio online de forma rápida y económica a través de una aplicación, ya que querer cambiar las condiciones puede "resultar carísimo".
Los abogados de familia han respondido mediante una nota de prensa al lanzamiento de una aplicación que permite, en tan sólo 5 pasos y por 180 euros, negociar el convenio y tramitar su divorcio, según los creadores de la herramienta iUrisfy. Sin embargo, la presidenta de AEAFA, Mª Dolores Lozano, ha advertido que firmar un convenio de separación o un divorcio por este procedimientos "supone la imposibilidad de liberarse de unas cargas económicas y patrimoniales en el futuro". "El arrepentimiento por las condiciones firmadas resulta carísimo, con procesos judiciales posteriores de incierto resultado", ha subrayado Lozano.
Divorcios en España.
Cada año, se tramitan en España unos 100.000 casos de nulidad, separación o divorcio, es decir, 2,2 rupturas por cada 1.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Unas cifras que convierten a España en el Vº país de Europa con mayor índice de divorcios sólo por detrás de Portugal, Dinamarca, Luxemburgo y República Checa. En cada familia se dan "multitud de variables" que "deben tenerse en cuenta y no se contemplan en aplicaciones telemáticas ni en ofertas 'low cost'", como los pactos respecto de los hijos como las repercusiones fiscales de los repartos patrimoniales", ha explicado Lozano. Por ello, aconseja contar con asesoramiento "altamente especializado", ya que lo fundamental en un proceso de estas características no es la demanda consensual, sino el contenido de los pactos que acuerda la pareja en su convenio regulador. "La lamentación y la desesperación son los efectos directos de las prácticas 'low cost'", ha insistido la letrada, que ha hecho un llamamiento a "desoír campañas publicitarias engañosas".
NOTA: ¿MIEDO a la aplicación de las nuevas tecnologías o sencillamente a la competencia? Los procesos de divorcio son un enorme negocio económico para los abogados. Ganen o pierdan el proceso, ingresan pasta. ¿Controla Montoro dichos procesos?¿Hablamos de dinero negro?¿por que no se desgrava en hacienda? controlariamos a los abogados......